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Lunes, 16 mayo 2016
Geología

Evalúan el riesgo de tsunami en la República Dominicana

Estudiar los riesgos naturales es una tarea imprescindible de cualquier estado o asociación de estados para poder dotarse de las herramientas e instrumentos necesarios para poder hacerles frente.

 

Las medidas de mitigación o prevención que se pueden implementar para evitar catástrofes pueden ser de
dos tipos: las estructurales (que implican construcciones u obras materializadas sobre el terreno) y las no
estructurales (que implican desde elementos financieros como los seguros, hasta los planes de protección
civil, la legislación o la formación). No obstante, antes de hacer una inversión en una medida de prevención
o mitigación, es necesario desarrollar el conocimiento para evaluar adecuadamente el alcance de los
fenómenos naturales en una región, lo que permite dimensionar y priorizar las distintas actuaciones
posibles, así como formar e informar a la población afectada.

 

A diferencia con otro tipo de situaciones que pueden desencadenar en víctimas mortales, no cabe ninguna
duda de que los peligros naturales llegarán (más tarde o más temprano) por lo que todas las acciones
orientadas a la prevención son un éxito seguro. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados
Unidos (FEMA por sus siglas en inglés) atribuye una ratio de cuatro dólares de beneficio por cada dólar
invertido en prevención, y es la más pesimista de las estimaciones en cuanto a retorno económico.
Siguiendo este esquema, en la República Dominicana se podrían haber ahorrado ya más de cien millones
de euros en los últimos diez años.

 

No obstante, las pérdidas económicas cuando sobreviene un evento, como ha demostrado el reciente
terremoto de Ecuador de abril de 2016 suelen ser muy superiores a esta cifra. Según el USGS se estima
que las pérdidas económicas en Ecuador pueden alcanzar los mil millones de dólares americanos, diez
veces menos de lo que se estima que costó el terremoto de Nepal de 2011, cuarenta veces menos de la
estimación del terremoto de Nueva Zelanda de 2011, y casi cuatrocientas veces menos que el terremoto y
tsunami de Japón de 2011, cuya cifra superó los 360 mil millones de dólares. Por muy grandes que
parezcan estas cifras económicas, el impacto en la sociedad es muy diferente de unos países a otros, pues
los índices de bienes asegurados oscilan desde el 0% (como señala la compañía Munich Re en su informe
de 2016 para el caso del tifón Mujigae de 2015, afectando a China y Filipinas) hasta el 75% o más. En el
estudio realizado por el IGME y el Consorcio de Compensación de Seguros, se ha calculado que el coste
económico de una erupción en Tenerife superaría los cinco mil millones de euros, de los cuales, más de
mil millones de euros no estarían asegurados.

 

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Evaluación del riesgo de tsunami en República Dominicana. (Imagen: IGME)

 

Además de las pérdidas económicas, que pueden afectar a la población durante generaciones si no se
dispone de las herramientas financieras adecuadas, los desastres naturales van acompañados de
incontables víctimas humanas. Víctimas de su propio desarrollo, de su desconocimiento y de la falta de
estudios científicos y medidas subsiguientes. Tan sólo saber si uno vive en una zona de posible alcance de
tsunami puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de Santo Domingo, algunos
barrios podrían verse afectados por un tsunami tan sólo 15 minutos después de un terremoto
tsunamigénico. Ese tiempo podría ser suficiente para una auto-evacuación si la información generada por
los organismos científicos alcanzara al menos uno de sus múltiples propósitos y posibles usos.
Por todo ello el Instituto Geológico y Minero de España participa en un proyecto financiado por el
Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (conocido como “ECHO”
por su anterior acrónimo Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea) para contribuir a salvar
vidas humanas en la República Dominicana. En la última década, la ECHO ha invertido más de 22 millones
de euros en acciones humanitarias en aquél país, de los cuales algo más de cuatro millones de euros se
liberaron en 2015 en distintos programas y proyectos.

 

El IGME, que lleva desarrollando programas fundamentales de cartografía geológica y geotemática en la
República Dominicana desde hace más de veinte años (programas SYSMIN I y SYSMIN II), participa ahora
en los programas de la ECHO explotando el conocimiento generado entonces y aprovechando sus
capacidades actuales para evitar víctimas humanas en caso de desastre.

 

Desde que ocurrió el terremoto de Haití en 2010, el IGME ha llevado a cabo dos importantes proyectos en
la parte dominicana de la isla de La Española para la prevención de desastres que pudieran ser
desencadenados por futuros terremotos de la región. El primero de los proyectos, que finalizó en 2011,
evaluó el peligro sísmico en la segunda ciudad más importante del país, Santiago de los Caballeros, con
una dotación presupuestaria superior a un millón de euros.

 

En 2013 comenzó el segundo proyecto, ésta vez para evaluar la amenaza sísmica y la vulnerabilidad física
de la capital y sus alrededores, región urbana conocida como “El Gran Santo Domingo”, con un presupuesto
de unos cuatro millones de euros, bajo la coordinación del Servicio Geológico Nacional Dominicano (SGN)
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por otros dos socios además
del IGME desde su Oficina en Santiago de Compostela: el BRGM (Servicio Geológico Francés) y el CNRIRIS
(Centro Nacional de Investigación de Italia). El proyecto, que ha concluido en abril de 2016, encuentra
continuación en los fondos de la ECHO que con más de 700.000 euros evaluará, entre otras cosas, el
alcance y la vulnerabilidad de una parte de la costa Sur Dominicana frente a los tsunamis. En este nuevo
proyecto, el IGME, el SGN y el grupo EDANYA de la Universidad de Málaga, ampliarán los trabajos de
modelización numérica de tsunamis realizados para el proyecto recién concluido y evaluarán la capacidad
de supervivencia de las infraestructuras ante tal eventualidad. Este proyecto se coordina con las
comunidades locales para dotarlas del conocimiento y las herramientas necesarias para hacer frente al
impacto, lo que se consigue por medio de los Comités de Prevención Mitigación y Respuesta de riesgos
naturales presentes en las municipalidades.

 

El estudio de tsunamis liderado por el IGME del proyecto “Acciones para salvar vidas: preparación para el
desastre sísmico y el riesgo de tsunami en la República Dominicana”, ha comenzado con una reunión
celebrada los días 6 y 7 de mayo, organizada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la
Comisión Intergubernamental Oceanográfica de la UNESCO (IOC), con la coordinación de PNUD y la
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). En esta reunión un comité internacional de 24 expertos ha
discutido las fuentes tsunamigénicas más importantes del Caribe afectando a la isla de La Española y se
han realizado por primera vez en la historia en este tipo de encuentros, simulaciones de propagación de
tsunamis en tiempo real, ejecutando en la Universidad de Málaga los algoritmos con los parámetros que se
discutían en la reunión y visualizando los resultados en Santo Domingo.

 

En España, de momento, se desconoce el alcance económico de las pérdidas en caso de tsunami, pero ya
se está trabajando para realizar los estudios correspondientes desde distintos organismos del estado,
incluyendo el IGME desde su oficina en Santiago de Compostela. (Fuente: GME/DICYT)

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