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Martes, 22 agosto 2017
Ecología

Los países con mayor biodiversidad de Europa no siempre reciben más fondos

Investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (España), la Universidad de la Ciudad de Nueva York (EE UU), el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Helsinki (Finlandia) han analizado las correspondencias y desajustes entre las inversiones en conservación y los valores de la biodiversidad en la Unión Europea.

 

“Debido a la gran variación espacial en la distribución de la biodiversidad y las necesidades de conservación a escala continental, los instrumentos de la UE deberían garantizar que los países con mayores valores de biodiversidad obtengan más fondos y recursos para la conservación que otros países con valores menores”, dice a Sinc David Sánchez Fernández, experto de la Universidad de Castilla La Mancha y coautor del trabajo conjunto que publica la revista Conservation Biology.

 

Para cada uno de los estados miembros, la investigación relaciona tres indicadores sobre inversión en conservación (la financiación recibida a través de proyectos LIFE, superficie protegida por la Red Natura 2000, y la destinada para medidas agroambientales), con otros tres indicadores del valor de biodiversidad –riqueza total de especies, de especies endémicas y de especies de interés comunitario– para ocho grupos taxonómicos diferentes: plantas vasculares, briófitos, aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces continentales, ortópteros y libélulas.

 

En general, hay una relación bastante ajustada entre las inversiones en conservación y las variables de biodiversidad. No obstante, se encontraron algunos desajustes en los países que reciben más o menos inversiones de las esperadas en función de sus valores de biodiversidad.

 

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Cabra montés (Capra pyrenaica) en el Parque Nacional de Guadarrama (Madrid, España). (Foto: Javier Ábalos Alvarez)

 

Por ejemplo, países como Portugal, Eslovaquia, Grecia y la República Checa reciben menos fondos de lo que le corresponderían atendiendo a la biodiversidad que albergan, mientras que el caso opuesto ocurre en países como Reino Unido y Alemania.

 

“España es, junto con Italia, el país con mayor biodiversidad de Europa y también dispone de muchos fondos y recursos. En concreto, es el que cuenta con mayor superficie de la Red Natura 2000 y el que más fondos de proyectos LIFE recibe. Sin embargo, la cantidad de dinero de medidas agroambientales es algo menor del que le correspondería en función de sus valores de biodiversidad”, explica Sánchez Fernández.

 

Las dos principales directivas europeas sobre conservación –Directiva Aves y Hábitats– son las que marcan las principales especies a proteger. El problema reside en que la mayor parte de las especies no están incluidas en estos ‘selectos’ listados de especies, especialmente de los grupos que representan la mayor parte de la biodiversidad, es decir, plantas no vasculares, y sobre todo, invertebrados. “En resumen, los fondos y recursos se gastan en gestionar pensando en una minoría de especies”, añade el experto.

 

Otro resultado interesante que se desprende del estudio es que el uso extensivo de las aves como indicadores únicos de la efectividad de la conservación puede ser poco fiable, ya que las relaciones entre biodiversidad e inversión son mejores que para el resto de los grupos taxonómicos estudiados.

 

Asimismo, las especies de aves y sus distribuciones se conocen relativamente bien, y eso hace que se utilicen como grupo principal en la mayor parte de las acciones de conservación.

 

“Son sin duda el grupo estrella en biología de la conservación. Este grupo cuenta con el mayor número de estudiosos y aficionados. Aunque esto no implica que las aves sean buenos indicadores de biodiversidad. Es decir, que simplemente estudiando las aves no podemos hacernos una idea de los patrones o amenaza de otros grupos taxonómicos”, apunta el investigador.

 

Según los científicos, estos resultados podrían ser útiles en el marco de la nueva estrategia sobre biodiversidad hasta 2020 adoptada por la Comisión Europea, en la que se espera que los Estados miembros favorezcan una redistribución más eficaz de los fondos destinados a la conservación. (Fuente: SINC)

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