Los controles pesqueros de la UE: son necesarios más esfuerzos, según los auditores

Según un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, son necesarios más esfuerzos para que la UE disponga de un sistema eficaz de control de la pesca. Los auditores consideran que los Estados miembros y la Comisión han logrado progresos a lo largo de la última década, pero que la UE aún no dispone de un sistema eficaz de control de la pesca que sirva de apoyo a la política pesquera común.

Los auditores visitaron cuatro Estados miembros: España, Francia, Italia y Reino Unido (Escocia). Ninguno de los cuatro verificaba suficientemente la exactitud de la capacidad de sus flotas y la información sobre los buques incluidos en el registro de la flota, y ninguno verificaba tampoco el arqueo de sus buques pesqueros; además, dos de ellos todavía no habían llevado a cabo inspecciones de la potencia motriz. Asimismo, los auditores hallaron un número significativo de discrepancias entre los datos sobre los buques almacenados en el registro de la flota y los contenidos en los documentos justificativos.

Los auditores constataron que, en general, los Estados miembros examinados estaban aplicando las medidas de gestión de la pesca de manera adecuada. Los sistemas de seguimiento por satélite proporcionaban una información valiosa para el seguimiento y el control de las actividades pesqueras. Sin embargo, como resultado de las exenciones previstas en el Reglamento de control, el 89% de la flota de la UE no está controlada, lo que obstaculiza una gestión eficaz de la pesca en algunas pesquerías y para algunas especies.

En palabras de Janusz Wojciechowski, el Miembro del TCE encargado del informe: «Los Estados miembros aún no han aplicado plenamente el Reglamento de la UE sobre el control de la pesca, y sería necesario modificar algunas disposiciones del mismo para permitir a los Estados miembros un control eficaz de las actividades pesqueras».

Aunque los Estados miembros gestionaron correctamente la utilización de sus cuotas de pesca, en los casos en los que permitían a las organizaciones de productores gestionar la distribución de las cuotas, no siempre sabían qué criterios se usaban. Esta falta de transparencia dificulta a los Estados miembros conocer quiénes son los beneficiarios reales de las oportunidades de pesca, evaluar su posible impacto negativo en el medio ambiente y las economías locales y adoptar las medidas correctoras necesarias según corresponda. Por otro lado, los auditores observaron ejemplos de buenas prácticas en los casos en los que las organizaciones profesionales de pesca exigían a sus miembros cumplir medidas de conservación adicionales, y mejor orientadas, que las exigidas por la política pesquera común.

Los datos sobre las actividades pesqueras recopilados en el marco del Reglamento de control no eran suficientemente completos ni fiables. Los auditores consideraron que los datos de capturas de los buques que hacen declaraciones en papel, que representan una parte significativa de la flota de la UE, estaban incompletos. Existían, además, discrepancias significativas entre los desembarques declarados y los registros subsiguientes de las primeras ventas. Dos de los cuatro Estados miembros visitados no intercambiaban ni seguían suficientemente la información relativa a las actividades de los buques de un Estado miembro en otro, y los procesos de validación y control cruzado de datos eran insuficientes. Además, se registraron diferencias notables entre los datos sobre el total de capturas registrados por los Estados miembros y los datos a disposición de los distintos servicios de la Comisión.

En general, los Estados miembros visitados planificaron y llevaron a cabo correctamente las inspecciones, pero los inspectores no tuvieron acceso en tiempo real a la información sobre los buques, lo que restó eficacia a las inspecciones. Por otro lado, se crearon procedimientos de inspección normalizados pero no se utilizaron en todos los casos. Los resultados de las inspecciones no siempre figuraban correctamente en las bases de datos nacionales. Asimismo, el Tribunal observó que las sanciones impuestas no siempre eran disuasorias. El sistema de puntos, cuyo objetivo es garantizar la igualdad de trato de los operadores, se había aplicado en un grado muy diferente entre los Estados miembros visitados e incluso dentro de un mismo Estado miembro.

Los auditores formulan una serie de recomendaciones a la Comisión y a los Estados miembros destinados a mejorar la fiabilidad de la información sobre las flotas pesqueras, el seguimiento de las medidas de la gestión de la pesca, la fiabilidad de los datos pesqueros y las inspecciones y las sanciones.

La política pesquera común (PPC) tiene el objetivo de garantizar que las poblaciones de peces y el sector pesquero son sostenibles a largo plazo. Muchas poblaciones siguen siendo objeto de sobreexplotación, por lo que hacen falta esfuerzos constantes para gestionar la pesca de manera eficaz. En consecuencia, la PPC incluye medidas para restringir la capacidad de la flota pesquera y gestionar la pesca imponiendo límites a las capturas (por ejemplo, cuotas) y la actividad pesquera (por ejemplo, restricciones del esfuerzo pesquero o normas técnicas para determinadas pesquerías).

El éxito de la PPC requiere el diseño y la aplicación de un sistema de control eficaz. El sistema de control de la PPC se reformó por última vez en 2009 para corregir las graves insuficiencias existentes en aquel momento, que el Tribunal había consignado en su Informe Especial n.º7/2007. (Fuente: Tribuna del Cuentas)