La legislación es el principal obstáculo para el desarrollo de las comunidades energéticas

En el marco de la transición hacia las energías limpias y sostenibles, la Unión Europea está promoviendo la creación de comunidades energéticas. A través de sus directivas, ha impulsado esta figura que da poder a la ciudadanía para dejar de ser un agente pasivo en la cadena de valor eléctrica. La función de la población ya no se limita a consumir y pagar. La ley permite que un grupo de personas forme una entidad jurídica con el objetivo de generar su propia energía. Y no solo para el autoconsumo, sino también para vender el excedente.

Sin embargo, dependiendo del país, esta opción puede resultar bastante difícil de llevar a la práctica. Así lo confirman los resultados de un nuevo estudio.

El grupo de investigación Elektriker de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha analizado en qué situación se encuentran las comunidades energéticas en diferentes estados de la Unión Europea. La autora del estudio, Iraide López, indica que “van a tener un rol importante en el proceso de descarbonización. Sin embargo, se trata de una figura que está en sus comienzos y aún quedan muchos aspectos por desarrollar. Nos hemos propuesto conocer mejor en qué estado se encuentran en diferentes lugares, con la idea de contribuir a su progreso”.

Por un lado, han analizado los aspectos que influyen al desarrollo de las comunidades energéticas y han percibido que el principal obstáculo es la legislación. A pesar de que la dificultad para conseguir financiación, la escasez de incentivos económicos, la complejidad de los procesos administrativos o la falta de tiempo y motivación de la población también desalientan su creación, el mayor freno lo ejerce la falta de precisión de las normativas de cada estado.

López explica que “en general, las regulaciones no están suficientemente detalladas. Es necesario que se definan mejor las obligaciones y los derechos de esta nueva figura para que pueda entrar realmente a formar parte del sistema. Por ejemplo, el número de miembros que pueden componer una comunidad energética; si debe haber límites geográficos entre ellos; si se acepta la figura de las plantas virtuales en las que los usuarios no tienen ni por qué compartir el mismo país...”. Además, indica que la falta de precisión de la legislación también influye negativamente en la confianza que la población tiene sobre las comunidades energéticas, ralentizando su desarrollo.

Iraide López. (Foto: Mitxi / UPV/EHU)

Por otro lado, el trabajo de la UPV/EHU refleja que el nivel de detalle de la legislación es muy dispar entre los países de Unión Europea. Lo que, acompañado de los factores energéticos y económicos de cada estado, hace que el grado de desarrollo de las comunidades energéticas varíe mucho de un lugar a otro. Ejemplo de ello son el número de iniciativas registradas: despunta Alemania con 1.750 proyectos; le siguen Dinamarca con 700 y Países Bajos con 500. En cuanto a España, tan solo cuenta con 33.

La investigación ha analizado también cuáles son las tendencias generales en relación con las tecnologías empleadas. En el 75% de los casos estudiados, las comunidades energéticas cuentan con instalaciones de placas fotovoltaicas. López indica que esto responde a motivos tanto estéticos como prácticos: “La gente no quiere tener un molino de viento en su tejado o, simplemente, no hay tantos lugares donde el viento ofrezca más garantías que el sol”. Por otro lado, según los resultados del estudio, el 75% de los proyectos se realizan en el sector residencial. Es decir, son iniciativas ciudadanas ubicadas en hogares. Su presencia no es tan acentuada en los sectores de industria y servicios.

Y, en cuanto a las utilidades que se le dan principalmente a la energía que se genera, destaca el autoconsumo. La venta es todavía una actividad residual. López subraya que esto se debe en cierta medida a que la fórmula más sencilla de comprender para la población es la de producir para consumir: “Ponerse a vender nos parece una gestión más complicada, pero no tiene por qué serlo. Por ejemplo, existe la figura del agregador de la demanda. Se trata de un agente intermediario que se encarga de todas las gestiones de compraventa buscando el beneficio de quien lo contrata. Es algo parecido a un administrador de fincas, pero en cuestiones de energía. Lo que pasa es que apenas se conoce su existencia”.

La autora de la investigación destaca que difundir información de manera sencilla a la ciudadanía y concretar la legislación son las principales claves para que las comunidades energéticas proliferen y más gente se beneficie de las ventajas que ofrecen.

Iraide López, investigadora y profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del País Vasco, ha realizado este trabajo junto con otros especialistas, incluyendo a Nerea Goitia, investigadora de la Escuela de Ingeniería de Bilbao que está desarrollando su tesis sobre las comunidades energéticas, dentro del programa de doctorado de Sistemas de Energía Eléctrica.

El estudio se titula “European energy communities: Characteristics, trends, business models and legal framework”. Y se ha publicado en la revista académica Renewable and Sustainable Energy Reviews. (Fuente: UPV/EHU)